Los enfermeros son los profesionales sanitarios más expuestos a las enfermedades de transmisión sérica a causa de pinchazos accidentales. Eso es un hecho. También es un hecho que todas las administraciones deben, o deberían, velar por la seguridad laboral de sus trabajadores. Sin embargo, sólo dos comunidades autónomas, Madrid y Castilla-La Mancha, han impuesto la obligatoriedad de contar con material de bioseguridad que permite reducir, prácticamente a cero, el riesgo de pinchazos. La Comunidad Valenciana, justo es también decirlo, ha establecido una serie de recomendaciones internas en este sentido, pero no son de obligado cumplimiento.
Pero, ¿qué pasa con el resto de comunidades autónomas? Los dispositivos de bioseguridad son de sobra conocidos desde hace varios años, incluso el Ministerio de Sanidad repartió, entre todas las comunidades autónomas, fondos para estudiar su implantación en los diferentes sistemas sanitarios, y nada han dicho al respecto. En el trasfondo siempre se ha alegado el elevado coste de estos mecanismos. Coste que se queda en calderilla si, además del precio del material, también se contempla el coste en bajas laborales, sustituciones, inseguridad de los trabajadores, pruebas y tratamientos en caso de infección que se derivan de un pinchazo accidental. En este aspecto, los hechos son irrefutables y exigen una toma de posición urgente por parte de todos los responsables sanitarios, o dejará de ser creíble su supuesta preocupación por la seguridad de los profesionales sanitarios. |
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MARIONA CREUS I VIRGILI
Mariona Creus es la decana del Consejo Catalán de Enfermería, que aglutina a los cuatro colegios provinciales de Cataluña, y presidenta del Colegio de Enfermería de Barcelona. Ella ha sido una de las grandes precursoras para que se celebre en Barcelona la jornada sobre "La seguridad frente al contagio sanguíneo en el ámbito sanitario", organizada por la Escuela de Ciencias de la Salud de la Organización Colegial de Enfermería de España y el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña.
Cataluña, que siempre se ha mostrado a la vanguardia en materia de enfermería, va con retraso, con respecto a comunidades como Madrid o Castilla-La Mancha, en materia de implantación de dispositivos de bioseguridad, pues sólo los ha impuesto en aquellos servicios o lugares más sensibles. Aún así, en esta comunidad el número de pinchazos accidentales registrados, según un estudio de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, fue de 2.493, de los cuales 374 fueron graves porque se hicieron con material biológico de pacientes con hepatitis o sida.
Se trata de una situación que preocupa, y mucho, en los cuatro colegios catalanes, por eso su decana, Mariona Creus, ha solicitado a la Consejería el uso obligatorio de dispositivos de bioseguridad en toda la región como la mejor forma de proteger a todos los profesionales de la salud. Sin lugar a dudas se lo merecen.
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